Un 'Apartheid' Ecológico en Kenia
Analía Iglesias
Un rápido rastreo por internet en búsqueda de safaris al gran Masai Mara y otras áreas de exuberante naturaleza en el Este de África da como resultado varias ofertas para visitar una conservancy (o área de conservación de gestión privada o mixta) dentro de alguna reserva nacional keniana. Las propuestas viajeras se ilustran con fotos que muestran a grupos de turistas blancos, encabezados por algún guía armado, o conversando con un sonriente nativo semidesnudo y apenas provisto de un folklórico taparrabos. Son algunos de los excursionistas que integran el contingente de alrededor de dos millones de personas que llegan a Kenia cada año, a alimentar la industria turística del país, quizá con bienintencionada conciencia ambiental, sin saber que los anunciados propósitos de conservación de la naturaleza por parte de sus anfitriones esconden una colisión directa con las prácticas cotidianas y la digna supervivencia de las comunidades locales.
Para trazar (y vallar) esas áreas de conservación y explotarlas como haciendas de turismo de élite, las agencias gubernamentales y los gestores de las tierras han desalojado a buena parte de los pobladores autóctonos, e incluso atacado a pastores y líderes nativos, según un reciente informe del Oakland Institute (OI), llamado Stealth Game: ‘community’ conservancies devastate land & lives in Northern Kenya (Juego furtivo: cómo las áreas de conservación ‘comunitarias’ devastan tierra y vidas en el norte de Kenia), que habla de una injusticia de tal calibre que la llega a mencionar como un apartheid ecológico.
“Cada árbol, cada planta tiene un gran significado y un valor –incluso medicinal– para nuestra comunidad; el ganado está ligado a la pastura en cada estación. Nuestra identidad está en la tierra y por eso nos resulta importante transmitir el conocimiento indígena a las generaciones jóvenes, ya que lo que no está escrito sobrevive en cada uno de los miembros de la comunidad”, en palabras de Major Jillo, del Borana Council of Elders Isiolo (el consejo de mayores del área de Borana, en la región de Isiolo).
Habla Jillo de un trabajo diario, especializado, como la experiencia pastoril de las abuelas, que saben conducir a las cabras casi como compañeras, para evitar que destrocen árboles valiosos, por ejemplo. Este pastor es testigo de un clamor persistente porque se está “matando el conocimiento tradicional” con legislación contraria a sus labores, con menosprecio y paternalismo, según arguyen expertos locales como el conservacionista Mordecai Ogada que, sin embargo, asegura que el modelo hoy “está colapsando”.
Este modelo de conservación, que aparenta adaptarse a los objetivos de organismos como Naciones Unidas, cuyo Convenio sobre la Diversidad Biológica promueve la declaración de áreas protegidas (al menos un 30% del planeta para 2030 es el objetivo), disimula, sin embargo, unos instrumentos de expolio que hacen incompatible la vida de comunidades ancestrales en su propio territorio. Esta es la denuncia que promueve el think tank independiente Oakland Institute –con sede en California– en base a testimonios locales de las violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo desde la aparición de las áreas de conservación, mientras las autoridades kenianas desdeñan las voces nativas.